APB: "El alcalde del Ayuntamiento de Boadilla adjudicó una parcela por 35 millones de euros a una empresa que no tiene ningún trabajador"

UFC reconoce no estar inscrita en la Seguridad Social. Las propias notas de prensa emitidas por el Alcalde y por UFC confirman que la adjudicación de una parcela municipal fue ilegal. UFC ha reconocido públicamente que no tiene obligación de estar inscrita en la Seguridad Social, porque no tiene trabajadores propios. “La propia empresa reconoce que no está inscrita en la Seguridad Social y que no tiene trabajadores, hechos inauditos en una contratación pública”, manifestó Angel Galindo, Portavoz de APB.

UFC reconoce no estar inscrita en la Seguridad Social. Las propias notas de prensa emitidas por el Alcalde y por UFC confirman que la adjudicación de una parcela municipal fue ilegal.

UFC ha reconocido públicamente que no tiene obligación de estar inscrita en la Seguridad Social, porque no tiene trabajadores propios.
“La propia empresa reconoce que no está inscrita en la Seguridad Social y que no tiene trabajadores, hechos inauditos en una contratación pública”, manifestó Angel Galindo, Portavoz de APB.

El Alcalde se limita a reiterar las descalificaciones personales que realizó en el Pleno de 28-10-2005 en el que se adjudicó la parcela, descalificaciones que el Alcalde sabe que son falsas y calumniosas porque así se lo comunicó el Arquitecto aludido en el Pleno, Carlos Parra Cuenca (Arquitecto de la empresa LUALCA que participó en el concurso para la adjudicación de la parcela), según declaró éste en el Diario El Universo de 30-12-2005, al que manifestó: “Es absolutamente falso que yo sea socio del Concejal Portavoz de APB, Don Angel Galindo. A raíz de la afirmación en este sentido realizada por el Alcalde en el Pleno de 28-10-2005, mantuve con el Alcalde señor González Panero una larga conversación en la que me indicó que esa acusación la hacía en base a la coincidencia del señor Galindo y yo en el Consejo Rector de la Junta de Compensación Prado Espino, Sector 2, en los años 2000 y 2001, siendo vigente el PGOU de 1991, hoy derogado por el vigente PGOU del año 2000, que disuelve expresamente todas las Juntas de Compensación”.

“El Alcalde lanza, como siempre, una cortina de humo y no explica por qué manifestó, en el Pleno de 28-10-2005 tal y como consta en el acta, que UFC estaba inscrita en la Seguridad Social, cuando el certificado del Ministerio de Trabajo, que tenía en su poder, acreditaba lo contrario”, declaró el citado Portavoz.

Este Grupo municipal ha tenido conocimiento de que UFC tuvo en el año 2005 unas ventas de 102’363 millones de € (más de 17 mil millones de pesetas) y tiene oficinas comerciales en Valladolid, León, Ponferrada, Zamora, Lisboa, Madrid, Camponaraya y Marbella. Si a pesar de este volumen de ventas y de oficinas, fuese cierto que UFC no tiene trabajadores, esta empresa no tendría capacidad para contratar con las Administraciones Públicas porque el artículo 4 del Pliego de condiciones para la enajenación de la parcela exigía que “la empresa disponga de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato”. A la vista de lo manifestado por UFC, la adjudicación no sólo es nula por no estar inscrita en la Seguridad Social, sino que también lo es por no tener dicha empresa ningún elemento personal para la debida ejecución del contrato.

“El Pliego de condiciones no somete el inicio del plazo de 12 meses para la ejecución de la obra, a la aprobación del proyecto, por lo que el plazo empieza a computarse desde la fecha de adjudicación del contrato. La admisión del criterio de UFC dejaría el inicio del plazo al arbitrio del adjudicatario, efecto que el Pliego prohíbe”, manifestó Angel Galindo, Portavoz de APB.