IU Boadilla critica las condiciones de acceso a las viviendas del Plan VIVE y cuestiona su modelo de gestión

La Asamblea de Izquierda Unida en Boadilla del Monte ha mostrado su rechazo a las condiciones de acceso a las viviendas en régimen de alquiler del Plan VIVE de la Comunidad de Madrid, cuyo plazo de inscripción abrió el Ayuntamiento el pasado 11 de mayo, al considerar que los precios y requisitos económicos establecidos están ‘demasiado próximos a los de mercado y dificultan el acceso a muchas familias con problemas de vivienda'. Además, la formación cuestiona el modelo de gestión de estas promociones.

Así, la agrupación de Izquierda Unida de Boadilla recuerda que “los ingresos mínimos que se exigen para poder aspirar a una de estas viviendas son de 1,5 veces el IPREM. Dado que este índice, en el año 2026, se sitúa en 600 euros en 14 pagas, el Ayuntamiento está pidiendo que se perciban entre 900 y 1050 euros al mes. Al mismo tiempo, el límite máximo de 5,5 veces el IPREM permite presentarse a personas que disfruten de sueldos de entre 3300 y 3850 euros”. 

Además señalan que “asimismo, los requisitos establecen que, como máximo, el desembolso por el alquiler no debe suponer más del 35% de los ingresos. El alquiler más barato de esta promoción, de 700 euros, ya deja los ingresos mínimos mensuales para presentar solicitud en 2.000 euros (2600 en el caso de los pisos de dos dormitorios y 3.450 € en los de tres). Para agravar la situación, se exige una declaración responsable de haber tenido esos ingresos”.

Desde la asamblea local de Izquierda Unida sostienen que “el Plan VIVE exige una capacidad adquisitiva por encima de las posibilidades de muchas familias desfavorecidas de Boadilla, para las que precisamente se deberían pensar estas iniciativas”. 

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Críticas al modelo de cesión de suelo público

La formación también cuestiona el modelo de cesión gratuita de suelo público a empresas privadas que impone el Plan  VIVE  de la Comunidad de Madrid. Según sus palabras: “los ayuntamientos regalan a los promotores el suelo (en el caso de Boadilla, Culmia, siendo la constructora Avintia) y estos se llevan la rentabilidad de unos alquileres apenas por debajo del precio de mercado”. Y sostiene que “el objetivo del Plan VIVE es beneficiar a los especuladores inmobiliarios, en vez de a las vecinas y vecinos que necesitan acceder a una vivienda digna y asequible para no ser expulsados por ellos de su ciudad”.

Asimismo, IU hace referencia a experiencias registradas en otros municipios como Alcorcón y Getafe, donde asegura que se han producido incidencias relacionadas con la calidad de las viviendas, problemas de terminación, interrupciones en suministros y renuncias de adjudicatarios que no pudieron asumir las condiciones económicas exigidas.

Para concluir Izquierda Unida señala que “ante los ‘pelotazos’ disfrazados de planes de vivienda social, defendemos la titularidad y gestión directa de las promociones de vivienda pública, que en ningún caso deben depender de concesiones a empresas privadas”.