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La fiscalía denuncia a la responsable de una residencia de Pozuelo por la muerte de 4 ancianos que vivían en 'condiciones deplorables'

15 de Junio de 2021. 00:00

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La Fiscalía de Madrid ha denunciado a la responsable de una residencia de ancianos, y a la auxiliar al cargo de la misma, acusadas de delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y delito continuado de trato degradante.

Los hechos se remontan al pasado mes de marzo, durante los primeros días de proliferación del COVID-19, en una residencia de la tercera edad ubicada en Colonia de los Ángeles de Pozuelo.

Según el informe al que ha tenido acceso Europa Press, desde la residencia no se advirtió a la Consejería de Sanidad de la sintomatología sospechosa de COVID-19 de varios de sus residentes, lo que derivó en una situación de absoluto descontrol y falta de atención médica, que acabaría causando la muerte por coronavirus a cuatro personas.

Pese a contar con un servicio sanitario, tanto el médico como la enfermeran que atendían a los ancianos causaron baja, uno por contagio de coronavirus, y otra por contacto estrecho, a partir del día 20 de marzo. Según relatan en su denuncia, desde ese momento, los residentes quedaron a cargo de la auxiliar del centro.

El día 1 de abril, advertidos de un caso sospechoso, la unidad de soporte a residencias del Puerta de Hierro acude al centro, dónde valora a cinco usuarios con clínica respiratoria compatible con contagio por coronavirus. El informe refleja que cuatro de ellas sufrían "desaturaciones importantes que no estaban siendo tratadas".

Tres días después, la UME asiste a la residencia, y, pese a que la dirección del centro "seguía negando que tuviera un problema epidemiológico", los efectivos desplazados constatan que los ancianos no están recibiendo el tratamiento prescrito unos días antes. Igualmente, detectan otros 7 casos sospechosos de padecer coronavirus, a los cuáles tampoco se está tratando. 

En la misma visita, se da parte de la falta de personal, falta de higiene y completo caos que se da en la residencia:  "reinando un gran desorden tanto en las habitaciones como en los espacios comunes". Los propios informes de la Policía municipal indican que los residentes se encontraban "abandonados en las habitaciones, sin asear ni recibir tratamientos crónicos".

En su denuncia la Fiscalía habla de residentes "abandonados" en unas condiciones de higiene y atención "deplorables". 

Ante la gravedad de la situación, la consejería decide clausurar la residencia y derivar a 22 usuarios a centros hospitalarios para su valoración. Cuatro de ellos no pudieron superar la enfermedad y acabaron falleciendo por COVID.

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