Una multa en Boadilla destapa una trama de tráfico de vehículos de alta gama vendidos a futbolistas de élite

Una simple multa de tráfico en Boadilla del Monte ha sido el punto de partida para destapar un caso de tráfico ilegal de vehículos de alta gama. Estos eran importados y vendidos principalmente a jugadores de fútbol de la liga española. Como consecuencia de la investigación de la Policía Nacional han sido detenidos dos hombres y una mujer, de entre 32 y 44 años, por delitos de falsedad documental, estafa y usurpación de estado civil.

La investigación arrancó a finales de marzo de 2024, cuando una ciudadana italiana residente en Las Palmas denunció haber recibido una sanción de tráfico relacionada con un Lamborghini Urus con matrícula provisional. La mujer afirmaba no ser la propietaria del vehículo. Al rastrear la procedencia de la multa, los agentes descubrieron que el coche había sido sancionado en la zona de Boadilla del Monte.

A partir de ahí, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional inició pesquisas para rastrear el origen del vehículo y los trámites de matriculación, descubriendo que estos se habían realizado en la Jefatura Provincial de Jaén por una gestoría de la localidad que, a su vez, había recibido el encargo a través de otra con dirección en Barcelona.

Un concesionario de Madrid, epicentro del fraude

El propietario del vehículo era un conocido futbolista de un equipo de la liga española, quien declaró en calidad de afectado, y mostró un contrato de compraventa con un concesionario de Madrid.

Inmediatamente la investigación policial se centro en dicho concesionario, especialmente en sus coches de alta gama, descubriendo numerosas irregularidades en los contratos de compra venta de los vehículos. Su modus operandi era el siguiente: adquirían los coches en el extranjero y los registraban en España a nombre de terceras personas en calidad de propietarios, sin su consentimiento y sin tener relación alguna con la compra. Sus identidades y documentación eran proporcionadas por los gestores de la empresa de Barcelona.

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Gracias a esta usurpación de identidad, evitaban el pago de impuestos por vehículos de lujo y, además, alteraban datos como el coste y el kilometraje para reducir aún más el importe a pagar en otros trámites.

Una vez resueltos todos esos trámites, los gestores de Barcelona cambiaban la titularidad del coche poniéndolo finalmente a nombre del legítimo comprador y para ello se servían de otras gestorías a las que encargaban el papeleo para la venta del vehículo.

La Policía Nacional sigue investigando ya que la operación no se ha dado por cerrada.