Política
El TSJM admite a trámite un recurso contra la ordenanza de la tasa de basuras de Boadilla del Monte
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por Verdes Equo contra la ordenanza reguladora de la tasa de basuras aprobada por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. La formación ecologista alega en su recurso que 'el texto aprobado contiene graves deficiencias legales y económicas, entre ellas el incumplimiento de la normativa vigente sobre responsabilidad ampliada del productor, lo que repercute en un sobrecoste injusto para la ciudadanía'.
El recurso forma parte de una estrategia conjunta entre Verdes Equo y Más Madrid para, según señalan estos últimos, "actuar frente a ordenanzas de residuos que infringen la legislación y trasladan a la población costes que deben asumir los productores de envases". En esta estrategia, Verdes Equo lidera las acciones judiciales, mientras que Más Madrid ejerce la labor institucional en cada municipio.
"Hasta la fecha, ya se han iniciado procesos en 88 municipios de la Comunidad de Madrid, y el TSJM ha admitido a trámite los recursos de Collado Villalba, Brunete y ahora Boadilla del Monte" explican desde Más Madrid Boadilla y añaden que "en el caso de Boadilla del Monte, nuestro grupo municipal Más Madrid – Verdes Equo ya votó en contra del texto de la ordenanza en su aprobación inicial, y presentó alegaciones en noviembre, que fueron rechazadas. En diciembre de 2024 se procede a la aprobación definitiva de la ordenanza, ratificando nuestro voto en contra".
Así, el principal argumento del recurso es que "la ordenanza no tiene en cuenta el nuevo marco legal sobre la gestión de residuos de envases, recogido en el Real Decreto 1055/2022, en vigor desde diciembre de 2022. Según esta normativa, las empresas que comercializan productos envasados –a través del sistema de responsabilidad ampliada del productor, como ECOEMBES– deben asumir la totalidad de los costes derivados de la recogida y tratamiento de los envases depositados en los contenedores amarillo y azul".
Desde la formación recuedan que ECOEMBES es una empresa creada por las marcas que fabrican y venden productos envasados para encargarse del reciclaje de sus envases, principalmente a través de los contenedores amarillo y azul.
En este sentido argumentan que "como son los ayuntamientos quienes recogen los residuos, ECOEMBES debe pagar a los ayuntamientos por realizar esa gestión. Con la normativa anterior, ECOEMBES solo debía pagar a los ayuntamientos por una parte del coste de recogida de residuos, pero desde 2022 está obligada a pagar el coste total para todos los envases que se generan, se reciclen bien o no".
“La ordenanza ignora esta obligación y hace que las personas vecinas asuman un gasto que no les corresponde”, señalan desde Verdes Equo. “Es un incumplimiento legal que vulnera el principio de ‘quien contamina paga’".
"Sin embargo, la ordenanza de Boadilla del Monte no contempla esta obligación, lo que provoca que parte de esos costes se repercuten indebidamente sobre la ciudadanía, encareciendo la tasa de basuras de forma injusta. El ayuntamiento de Boadilla optó por acogerse a un convenio marco firmado entre la Comunidad de Madrid y ECOEMBES, que incumple la normativa vigente y han sido prorrogados sin cumplirla. Esto supone una maniobra de la Comunidad de Madrid para favorecer a ECOEMBES, lo que provoca un aumento injusto de las tasas que pagan los ciudadanos".
Además, desde la formación apuntan que "las futuras bonificaciones previstas a partir de 2025 presentan defectos importantes en el diseño de las bonificaciones por uso del punto limpio, ya que estas se calculan en función del número de visitas y no de la cantidad real de residuos entregados, lo que desincentiva comportamientos más eficientes y sostenibles".
Marian Graña, concejala de Más Madrid – Verdes Equo en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, ha declarado: “Vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance para evitar que la ciudadanía pague una tasa desmesurada e injusta. No deben asumir costes que corresponde pagar a quienes generan los residuos. Nuestro compromiso es velar por el interés general frente a un gobierno municipal que parece tener otras prioridades.”
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